Kayla Winarsky Green
Desde incendios mortales y colapsos estructurales en fábricas textiles de Bangladesh y Pakistán hasta dos arbitrajes históricos de derechos humanos, el sector de la confección sigue siendo uno de los focos de atención internacional de ira por parte de la comunidad de derechos humanos. Este escrutinio ha traído consigo una mayor regulación, en línea con la creciente tendencia mundial de incrementar la transparencia en la cadena de suministro y la presentación de informes de derechos humanos, como la Ley de Deber Corporativo de Vigilancia de Francia o la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California en Estados Unidos. Este artículo se centra en un acuerdo clave de derechos humanos (el Acuerdo de Bangladesh) y su legado perdurable, dos arbitrajes históricos y el incendio que lo inició todo.
El colapso de Rana Plaza y los incendios industriales
El 24 de abril de 2013, el edificio comercial de ocho pisos, Rana Plaza en Bangladesh, que estaba a las afueras de Dhaka y albergaba varias tiendas, un banco y fábricas de ropa, se derrumbó, y a consecuencia de eso murieron más de 1.100 trabajadores del área de confección y más de 2.000 resultaron heridos. Muchos de los sobrevivientes quedaron atrapados bajo toneladas de escombros y maquinaria durante horas o incluso días antes de que pudieran ser rescatados. En algunos casos la única alternativa para liberarlos era llegar al extremo de amputar alguna de sus extremidades.[1]
Si bien este ha sido considerado el "peor incidente de la industria de la confección", representa solo una parte de la espantosa realidad que viven muchos trabajadores de esa área en esa parte del mundo. En los años anteriores, la industria ya había sufrido dos incendios importantes, uno de los cuales también tuvo lugar en Bangladesh. El 24 de noviembre de 2012 se produjo un incendio en la fábrica de prendas de vestir Tazreen Fashions en Bangladesh, las salidas al exterior estaban cerradas, dejando a los trabajadores atrapados dentro del edificio. Al menos 112 trabajadores murieron y más de cien trabajadores resultaron heridos al saltar por las ventanas. Ese mismo año, la fábrica de Ali Enterprises en Pakistán se incendió, matando a más de 250 trabajadores e hiriendo gravemente a 55.
Estas tragedias se convirtieron en un grito de guerra para el sector de la confección: algo se tenia que hacer para que las compañías de moda globales empezaran a hacerse responsables de los abusos de los derechos humanos dentro de sus cadenas de suministro.
El Acuerdo de Bangladesh y los primeros arbitrajes
El 12 de mayo de 2013, a raíz de toda esa devastación, 200 marcas y minoristas mundiales, sindicatos y empresas privadas se posicionaron al firmar voluntariamente un acuerdo llamado “Acuerdo sobre Seguridad en la Construcción y contra Incendios en Bangladesh”. El Acuerdo responsabiliza a los signatarios a desarrollar un programa de seguridad para la construcción de edificios y contra incendios en dicha ciudad por un período inicial de cinco años y establece las obligaciones pueden hacerse cumplir mediante un arbitraje vinculante. Al hacerlo, el programa se basa en el Plan de Acción Nacional sobre Seguridad contra Incendios (NAP).
El acuerdo se rige por un Comité Directivo (CD), designado por los signatarios, con igual representación de miembros sindicales que de la patronal (máximo 3 escaños cada uno) y un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como miembro neutral. El CD tiene la responsabilidad de la selección, contratación, retribución y revisión del desempeño de un inspector de seguridad y un coordinador de capacitación; supervisión y aprobación del presupuesto del programa; supervisión de la información financiera y contratación de auditores; y otras tareas de gestión que puedan ser necesarias.
Los primeros arbitrajes
El primer arbitraje que se presentó, fue en julio de 2016 por los sindicatos suizos IndustriALL Global Union y UNI Global Union contra un minorista de moda no identificado, el cual fue seguido por un segundo arbitraje en octubre de 2016 contra otro minorista. El 4 de septiembre de 2017, un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, Países Bajos, sostuvo que las reclamaciones presentadas por los sindicatos suizos eran admisibles ya que tanto los sindicatos de trabajadores reclamantes como los minoristas demandados eran signatarios del Acuerdo. Las alegaciones estipulaban que las marcas demandadas no habían (a) obligado a los proveedores a remediar las instalaciones dentro de los plazos impuestos por el Acuerdo, ni (b) negociado los términos comerciales para que sus proveedores pudieran cubrir financieramente los costos de la reparación. Los demandantes solicitaban una declaración de que las marcas habían violado sus obligaciones bajo el Acuerdo [c4] junto con una orden que les obligara a cubrir los costos para remediar los daños.
Dos resoluciones históricas
A finales de 2017 y principios de 2018, ambos arbitrajes se resolvieron, mostrando al público que las multinacionales minoristas se tomaban en serio los arbitrajes iniciados por los sindicatos que buscan responsabilizarlos a través de mecanismos vinculantes de solución de controversias. Fue con estos acuerdos que, por primera vez, se llevaba a cabo un arbitraje vinculante por indicación de un acuerdo comercial y de derechos humanos (el Acuerdo) y aunque los arbitrajes fueron en parte confidenciales (la identidad de las marcas de moda nunca fue revelada) podría ser un buen presagio de la posibilidad de usar el arbitraje para resolver conflictos de derechos humanos en un mundo cada vez más socialmente consciente.
Además de declarar admisibles las reclamaciones (sobre la base de que se habían cumplido las condiciones previas para arbitrar la disputa), los tribunales arbitrales también concluyeron que cierta información sobre los arbitrajes se haría pública. Los tribunales buscaron lograr un equilibrio entre satisfacer el interés del público y el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones establecidas en el mismo, y la privacidad de los minoristas con respecto a la resolución vinculante de la disputa.
En el ojo del huracán
La resolución de diciembre de 2017
El 15 de diciembre de 2017, los sindicatos suizos emitieron comunicados de prensa idénticos anunciando que habían llegado a un acuerdo con una de las marcas de moda. Si bien las declaraciones de prensa no entraron en detalle sobre los términos del acuerdo, declararon que habían alcanzado un resultado en el que la empresa se comprometió a proporcionar "fondos sustanciales" para ayudar a los proveedores a reparar sus fábricas y garantizar que los trabajos se lleven a cabo de conformidad con los términos ya estipulados.
La resolución de enero de 2018
El 17 de enero de 2018, el bufete de abogados encargado de representar a los sindicatos distribuyó un comunicado de prensa, confirmando que el acuerdo de solución histórico se había ejecutado, solo ocho días después de que los sindicatos presentaran su Declaración de Respuesta. El comunicado de prensa no entró en detalles, pero señaló que la cantidad acordada aseguraría que más de 150 fábricas textiles sean reparadas y puestas al nivel de los estándares de lo ya acordado. Según la resolución, la marca sin nombre también recibió el mandato de contribuir con fondos significativos al Fondo de Apoyo a los Trabajadores de la Cadena de Suministro de IndustriALL y UNI, establecido para apoyar el trabajo de los sindicatos mundiales para mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores en las cadenas de suministro mundiales. Posteriormente, IndustriALL Global Union publicó un artículo especificando que el acuerdo había sido de 2.3 millones de USD (2 millones de dólares para remediar las fábricas y 300.000 dólares para el fondo de apoyo).
El fin del término inicial
A pesar de la abrumadora victoria de estos arbitrajes históricos y la probada efectividad del Acuerdo de Bangladesh, no estaba claro si esta trayectoria con respecto al uso del arbitraje para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos, en acuerdos que especifican lo que constituye el cumplimiento, se mantendrían en el tiempo, ya que se acercaba el final de su término inicial. En 2018, la Corte Suprema de Bangladesh otorgó una extensión a corto plazo del Acuerdo de Bangladesh, lo que desencadenó el "Acuerdo de transición de 2018", que entró en vigor el 1 de junio de 2018.
El Tribunal emitió esta decisión a pesar de que las quejas sobre las fábricas textiles de Bangladesh alcanzaron un máximo histórico en 2018 y el Tribunal decidió que el acuerdo estipulado debía seguir vigente hasta que el gobierno fuera realmente capaz de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Sin embargo, poco después de la decisión del Tribunal, el Gobierno de Bangladesh ordenó que el Acuerdo de Bangladesh cesara sus operaciones antes del 30 de noviembre de 2018, alegando que su organismo regulador nacional, la Célula de Coordinación de Reparación, era capaz de continuar su trabajo. Los firmantes no estuvieron de acuerdo y comenzaron otro proceso legal, marcado por demoras y ambigüedad.
Memorando de Entendimiento 2019
El 19 de mayo de 2019, la Asociación de Empleadores de Textiles de Bangladesh, o BGMEA (en sus siglas en inglés), y los signatarios del acuerdo firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) aprobado por la Corte, que marca el final de este período de tumulto e incertidumbre. Sin embargo, el MoU permitió que la oficina y las operaciones del Acuerdo de Bangladesh continuaran en dicha ciudad solo durante 281 días hábiles adicionales.
El memorando de entendimiento también pidió el establecimiento de una entidad nacional de seguridad en el sector textil y de la confección, que se llamaría el Consejo de Sostenibilidad o RSC (en sus siglas en inglés). Después de la expiración del período de 281 días hábiles, el MoU establece que el RSC se hará cargo de todas las operaciones y heredará la infraestructura y el personal del mismo. El RSC se regirá por representantes de BGMEA, marcas globales y sindicatos mundiales y nacionales y trabajará en cooperación con el Gobierno de Bangladesh para garantizar que el trabajo del RSC complementariamente al trabajo de la Célula de Coordinación de Remediación del Gobierno.
Finalmente, los días 2 y 3 de septiembre de 2019, representantes de BGMEA y el Comité Directivo del Acuerdo de Bangladesh se reunieron en Dhaka, para garantizar una transición sin problemas del acuerdo ya nombrado y sus funciones (relacionadas con inspecciones, remediación, mecanismo de quejas de capacitación y seguridad) al RSC para fines de mayo de 2020. Las partes acordaron la importancia de desarrollar conjuntamente el memorando y los artículos del RSC y un "Acuerdo de transición" y declararon que prepararían borradores de estos documentos de acuerdo con los tiempos acordados.
El futuro y el legado del acuerdo
Los portavoces del Acuerdo de Bangladesh sostienen que muy poco cambiará para las empresas multinacionales, pero los líderes sindicales no parecen estar de acuerdo. Según ellos, el fin del acuerdo implica que la era del cumplimiento de los derechos humanos en el sector vuelve a llegar a su fin, en particular, indican que el nuevo plan daría demasiado poder a los propietarios de las fábricas, en detrimento de la seguridad de los trabajadores de la confección.
El acuerdo ha servido de catalizador de un cambio sustancial y se ha forjado un claro legado en sus primeros cinco años de vigencia. Además de servir como base legal para dos resoluciones históricas, también ha conseguido remediar significativamente los daños de las comunidades a las que pretendía proteger. Desde que entró en vigencia el 83% de los peligros en el lugar de trabajo identificados en la ronda original de inspecciones fueron remediados y 500 "fábricas del Acuerdo" completaron el 90% o más de las soluciones necesarias. Sin embargo, con el reloj corriendo y a medida que los 281 días de extensión se agotan (hacia mediados de 2020), queda mucho por ver sobre cómo el sector de la confección continuará operando con respecto a los derechos humanos en Bangladesh. Si bien los signatarios del Acuerdo de Bangladesh siguen siendo optimistas de que su legado se mantendrá, el grado en que lo hará es incierto. La historia enrevesada y a menudo extendida de lo anterior, evidencia que el camino a seguir probablemente no será recto ni fácil de resolver.
Kayla Winarsky Green es Asesora en Derechos Humanos y Empresas en el Danish Institute for Human Rights de Copenhague.
[1] Campañas anteriores: Rana Plaza, Clean Clothes Campaign. Disponible en: https://cleanclothes.org/campaigns/past/rana-plaza